¿Y EL ESTADO?

La función del Estado es garantizar a la población sus derechos humanos plasmados en la Carta Magna, sin embargo, en nuestro país pareciera que es al contrario, el Estado es el principal agresor y sus omisiones en seguridad y justicia han hecho que la sociedad se sienta a su suerte. Las marchas de mujeres en contra de los feminicidios y agresiones en su contra, así como la marcha de ayer en Guadalajara para pedir justicia en el caso de Giovanni López, asesinado presuntamente por policías de Ixtlahuacán el pasado 4 de mayo, son apenas botones de muestra de la inconformidad ante el abandono de la autoridad a su función sustantiva.

Vamos a los hechos y datos, en la sección dedicada a México en su Informe Mundial 2020, Human Rights Watch (HRW) señaló que, pese al cambio de gobierno en el país en diciembre de 2018, la impunidad sigue siendo la norma (sólo 1.3% de las víctimas de algún delito son castigados) y no cesan los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos.

HRW indicó que, con su involucramiento en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, los militares han perpetrado desde hace años violaciones generalizadas de derechos humanos.

“Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4,600 quejas sobre presuntos abusos militares. Entre enero y julio de 2019 (ya en el gobierno de López Obrador), recibió 241 quejas de este tipo”, indicó la organización.

Las desapariciones forzadas, permanecen como una problemática generalizada y es impune pues raramente se castiga.

“Para enero de 2019, la FGR había iniciado 975 investigaciones sobre señalamientos de desapariciones forzadas y había presentado cargos en apenas 12 casos. En septiembre de 2019, la unidad especializada en investigación de secuestros de la FGR informó tener apenas una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales”, apuntó.

En el mismo tema, el informe destacó que, en agosto pasado, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda afirmó que se desconocía el paradero de 40,000 personas en el país.

Las ejecuciones extrajudiciales son otra problemática abordada por HRW y la ejemplificaron con el caso ocurrido en Tamaulipas en septiembre, cuando ocho civiles fueron presuntamente ultimados por parte de policías estatales. Para octubre, las autoridades habían emitido órdenes de aprehensión contra siete agentes y seguían investigando.
Ante esta lacerante realidad, nuestros políticos no dan muestras de querer cambiar el rumbo, las instituciones no se transforman ni se modernizan, no se tiene al ciudadano como eje fundamental de la gestión pública, y la inseguridad, la impunidad y la violación sistemática a los derechos humanos sigue siendo el calvario y el viacrucis de los mexicanos. ¿Cuántos Giovannis hay en México esperando justicia? Y lo más grave ¿Cuántos contaremos al final de este sexenio? Porque a lo visto, es casi imposible esperar que las cosas mejoren.

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