VIOLENCIA Y ESTADO FALLIDO

Son varias las estampas de violencia en contra de las autoridades de diversos ámbitos de gobierno que se han visto recientemente en varios puntos de nuestro país. Para muestra lo que sucede en Guanajuato, el atentado al secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García y las amenazas del crimen organizado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

El sociólogo alemán Max Weber afirmó que el Estado ejerce el monopolio de la violencia por definición. Pero añadía que esa facultad debe cumplirse mediante un proceso de legitimación, que los subordinados aceptan el poder basándose en la santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce o de una legitimidad racional donde los subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones objetivas e impersonales que deviene en sinónimo de legalidad.

De esta manera son los cuerpos de seguridad en sus diferentes ámbitos de gobierno, los que pueden aplicar la violencia en aras de mantener el orden público. Lamentablemente, durante el presente año, según Causa en Común, una ONG que aborda las precarias condiciones con que operan las fuerzas policiales en México, alertó que en el primer trimestre de 2020 fueron asesinados al menos 152 policías, lo que equivalió a poco más de una muerte al día y 62% más que en el mismo periodo del 2019, cuando se registraron 94 defunciones.

Asimismo, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública lo confirman: En los primeros cuatro meses del año, se registraron 11,535 asesinatos, frente a los 11,266 homicidios del mismo período del año pasado.

Pasa el tiempo y la violencia no cede, ni la delincuencia organizada da tregua, las estrategias del Estado mexicano no son contundentes para controlarla, mucho menos erradicarla, poniéndonos así en riesgo de caer en lo que se denomina “Estado Fallido”, el cual se puede definir como:

“Entre las prioridades más características de los Estados fallidos figura el que no protegen a sus ciudadanos de la violencia –y tal vez inclusión de la destrucción– o que quienes toman las decisiones otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra característica de los Estados fallidos es que son estados forajidos, cuyas cúpulas se desentiende con desdén del derecho y los tratados internacionales” (Chomsky, 2007, p. 49).

Aunado a ello, nuestro país enfrenta una grave crisis en materia de protección a los derechos humanos de la población, la impunidad y la corrupción son dos factores que impiden la justicia, por lo que vale la pena preguntarse si estamos viviendo en el inicio de un Estado Fallido.

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