SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ESE ES EL CAMINO

Por Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza

“La eficacia del derecho y la justificación de las decisiones judiciales cobran mayor relevancia a la luz del régimen de protección de los derechos humanos y del surgimiento de una ciudadanía más participativa y exigente”
Ministro José Fernando Franco González Salas

El 11 de mayo de 2020 será recordada como la fecha en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió hacer efectiva de nueva cuenta la división de poderes, mismos que se pretenden imperen en una democracia, no porque fuese la primera vez que se aplica sino por la serie de dudas y suspicacias que se levantaron en torno al asunto que coloquialmente se llamó “La ley Bonilla”.

Desde Aristóteles se mencionó que en la polis debe darse una división de funciones, encargando en una asamblea deliberante la resolución de los asuntos comunes a otro grupo denominado de magistrados, la determinación sobre ciertos asuntos, y a uno distinto a ambos un cuerpo judicial responsable de decidir disputas a través de tribunales, organizados por especialidades para una mejor operatividad. A partir de esa doctrina, importantes pensadores han abordado la forzosa separación de las funciones del poder público. En un recuento fugaz podemos citar a Polibio, Cicerón, Tomás de Aquino, Marcillo de Padua, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Charles-Louis de Secondat, , Rousseau, Bodino, entre tantos.

Y es precisamente con Charles-Louis de Secondat que se arriba de manera metódica a la separación de poderes como parte de una Teoría presentada en su obra insigne “De l’esprit des loix”, que en la parte que se está distinguiendo nos habla de los conceptos de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial pero, sobre todo, de la relación de los tres; en la obra citada rechaza las teorías absolutistas en las que una persona debería concentrar todo el poder en su figura y apuesta por un “equilibrio de poderes”, donde cada uno de los poderes controle al otro y todos se controlen entre sí.

Así es como el también llamado barón de Montesquieu diferencia entre tres clases de poderes: la potestad legislativa, que se encarga de hacer las leyes; la potestad ejecutiva, que ejecuta y aplica la ley a casos generales, y la potestad judicial, que castiga los delitos y juzga las diferencias entre los particulares.

Es en esta divergencia de potestas que reconocemos la génesis y el espíritu de nuestro artículo 49 Constitucional que literalmente indica que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”

En el caso visto el día de ayer por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se materializa este principio doctrinal citado y da cumplimiento cabalmente a lo señalado por nuestra Carta Magna al resolver la acción de inconstitucionalidad presentada, en la que se solicitó la invalidez del artículo octavo transitorio del Decreto 112, emitido por el Poder Constituyente del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.

De esa forma el Ministro Arturo Fernando Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la demanda bajo el expediente acción de inconstitucionalidad 112/2019 y la turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de ese órgano jurisdiccional, cabe destacar que el Ministro Franco González Salas, tiene dentro de su experiencia el haber sido Presidente del Tribunal Federal Electoral, por lo que es un especialista en la materia electoral, ad hoc, al asunto a resolver.

Dentro del proyecto ponente se debieron estudiar los conceptos de invalidez planteados por los accionantes que en síntesis por lo que hemos sabido se resumen a la revisión de la Constitución General de la República en lo referente a los siguientes principios y artículos que los consagran: el de certeza electoral establecido en el artículo 116,fracción IV, inciso b), en relación con el diverso 105, fracción II, penúltimo párrafo; los principios de legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 16 y 116, fracción IV, inciso b).

Así mismo, los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo consagrados en el artículo 116, fracción IV, inciso a); los derechos de participación política (votar y ser votado) previstos en el artículo 35, fracciones I y II; el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad, previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso a), en relación con el artículo 35, fracciones I y II; el principio de no reelección consagrado en el artículo 116, fracción I, tercer párrafo; y el primer párrafo del artículo 14, en el cual fue prohibida la aplicación y existencia de leyes retroactivas en perjuicio de alguna persona.

El resultado de la votación ya lo conocemos, por unanimidad los once Ministros que integran el Pleno votaron de manera unánime a favor del proyecto presentado, por el egresado de la Escuela Libre de Derecho, como procedentes y fundadas las acciones demandadas de inconstitucionalidad; se declara la invalidez del artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto número 112, de fecha once de septiembre de dos mil catorce, modificado en el diverso Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve y ordena que este fallo surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esa sentencia al Congreso del Estado de Baja California; fecha a partir de la cual todas las autoridades de esa entidad federativa están vinculadas a realizar los actos y modificaciones previstos en un plazo no mayor de ciento veinte días.

Hasta aquí todo bien, no era necesario ser un profesional del derecho para advertir el resultado, digamos que era un caso fácil en lo jurídico, inconstitucional a todas luces, la pregunta sería ¿el comportamiento de nuestro máximo Órgano Judicial será igual con los casos difíciles en lo político?

No faltará mucho tiempo para verlo.

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