POLÍTICA CRIMINAL INTEGRAL

Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza

Para dar un poco de contexto al desarrollo de este artículo es necesario precisar que la atención al tema del encabezado de esta colaboración me surgió de manera natural desde finales de 1992, cuando ingresé a laborar en la otrora Procuraduría General de la República, ya para el siguiente año me vi colaborando como Coordinador y a la postre Secretario Particular, indistintamente del Dr. Ricardo Franco Guzmán, en los diferentes cargos que ocupó en esa institución, entre los que se cuentan los de ex Subprocurador de Control de Procesos, de la Jurídica y primer Fiscal para la Atención de Delitos Electorales.

Con el cambio de Gobierno Federal en 1994, tuve la fortuna de quedarme a laborar también como Coordinador en esa misma institución, debido al ascenso del Dr. Moisés Moreno Hernández, quien pasó de ser Coordinador de Asesores de Franco Guzmán a la titularidad de la Subprocuraduría de Control de Procesos, en una palabra, mismo equipo; dos grandes juristas con visiones distintas de ver al Derecho Penal, aquél especialista en la Teoría Causalista y éste en la Finalista de la acción penal.

Ya imaginarán los amables lectores que gustan de estos tópicos el privilegio de escuchar los grandes debates entre ellos (pecaría de pretencioso si utilizo el nosotros) y sus respectivos equipos intelectuales en relación al contenido de la Reforma Penal de 1993 y el tipo de política criminal que englobarían los cambios forzosos que se incluyeron en la legislación penal, tanto la sustantiva como la adjetiva, para ponerlo en otros términos, lo mejor del pensamiento dogmático penal de la Universidad Nacional Autónoma de México frente al del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el causalismo retado por el finalismo.

Así transcurrieron algunos años hasta la llegada de la señalada, en esa época como la contrareforma, ya para el año de 1997, tuve el gusto de participar en la fundación del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM) en la Ciudad de México, quien desde ese entonces se encuentra bajo la dirección de Moreno Hernández, quien a la sazón fungiría también como Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas del Gobierno de la Ciudad de México, donde fungí como Director de Procedimientos Penales.

Dicho centro es una Asociación Civil donde participan gente de la talla de los doctores Sergio García Ramírez, Jesús Zamora Pierce, Héctor Carreón Herrera, María Elena Leguízamo y otros tantos de ese nivel, se ocupa del estudio y difusión de las distintas disciplinas relacionadas con la política criminal y las ciencias penales y pugna por el desarrollo de una cultura democrática en materia de justicia penal, con la idea de que ésta, y particularmente el sistema diseñado en torno a ella, esté siempre al servicio de la persona y no para servirse de ella.

Dentro de sus objetivos se encuentran, entre otros, el promover, fomentar, patrocinar y difundir el estudio y la investigación de la Política Criminal y las Ciencias Penales; así como analizar, estudiar y difundir, de manera específica las acciones del Estado Mexicano en materia de justicia penal y seguridad pública.

Con estas ideas en mente, ya de regreso a mi natal Guadalajara en 2010, escribí un artículo para el periódico Mural donde destacaba dos propuestas:

1.- Implementación de una política criminal integral para lograr que se cumplan las demandas sociales en los temas de seguridad ciudadana, justicia y Estado de derecho y derechos humanos, basada en los ejes de prevención social de la violencia y la delincuencia, seguridad ciudadana, procuración de justicia y reinserción social.

2.- Evolucionar del modelo del Estado de derecho al de Estado constitucional de derecho o neoconstitucionalismo, siguiendo a Faralli.

Más allá de debates teóricos sobre la pertinencia o no de transitar de un Estado de derecho a un Estado constitucional de derecho, es claro que México necesita, de una vez por todas, acercar la ley a la justicia, porque ya vimos que solo con la legalidad no alcanza, es decir, aplicar (solamente) el Estado de derecho ya no da respuesta a una sociedad convulsionada por la inseguridad y por la falta de oportunidades para mejorar su economía.

Es importante hacer notar que esa política debe ser congruente con las demandas ciudadanas, que siga la filosofía democrática liberal que marca la Constitución Mexicana, que siga la ruta planteada por la ONU en sus Objetivos de Desarrollo del Milenio, que las acciones en las que se base estén encaminadas a motivar la no afectación de valores éticos sociales y a evitar la lesión de bienes jurídicos y que cumpla con una función ético-social. Su misión tendría que ser la de coadyuvar con los tres niveles de Gobierno a la recomposición del tejido social.

Al no ver reflejado lo señalado, se considera que es momento de pedir otra vez, como ciudadano, la concreción de un nuevo pacto social, no solamente el político (incluidos los tres Poderes y los tres órdenes de Gobierno), porque éste sólo privilegia el vetusto modelo de gobernabilidad, sino uno de gobernanza, donde la sociedad se involucre cada vez más en la toma de decisiones de política pública y en las designaciones de servidores públicos donde se privilegie a los que tengan la habilidad de ejecutarlas con eficiencia.

Es imperativo diferenciar lo urgente de lo importante, es urgente terminar con la violencia, pero es más importante terminar con el origen de la violencia, y para ello debemos implementar una verdadera política criminal integral, transitar aduanas como el combate a la corrupción, clausurar la impunidad y, pasar a un estadio de transparencia y rendición de cuentas.

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