IMPUNIVIRUS

El artículo 40 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Esto es, se busca lograr la plena garantía de los derechos humanos en todo el territorio nacional, para coadyuvar con ello, se cuenta con una Ley de Coordinación Fiscal, que en su espíritu busca trabajar de manera conjunta y ordenada entre los tres ámbitos de gobierno para la recaudación y repartirlos de manera que se consolide el desarrollo igualitario entre estados y municipios.

Uno de los derechos más importantes que obliga al Estado mexicano a garantizar es el de la salud, mismo que la actual pandemia del Covid-19 ha corroborado lo que se sabía, nuestro sistema de salud siempre ha estado rebasado, pero lo más importante, a nombre de la salud se han hecho millonarios desvíos, compras de medicamentos a sobre precio y hospitales y clínicas a medio construir desde hace varios años.

Esto lo da a conocer en marzo pasado las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa, la cuales realizaron, el estudio, “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, donde se identificó que durante el periodo 2014-2019 fueron utilizadas cerca de 22,933 facturas falsas en el sistema de salud pública, lo que se traduciría en desvíos por más de 4,100 millones de pesos, utilizadas en 30 de 32 estados, así como de instituciones federales como el IMSS y el ISSSTE, al obtener datos por solicitudes de acceso a la información.

Sostiene dicho estudio que el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Oaxaca reunieron 80% del total de facturas de las entidades federativas; el primero de ellos recibió el 41% del total de facturas detectadas por un monto que ascendió a casi 2,000 millones de pesos.

El presidente López Obrador ha mostrado nulos avances en la que ha sido su principal bandera electoral y de gobierno: Combatir la corrupción, así mismo, no ha logrado establecer un gran acuerdo nacional que nos permita, realmente, trascender a una cuarta transformación del país y en estos tiempos de pandemia por el coronavirus, se ve rebasado para también garantizar el empleo y el ingreso de las familias mexicanas ante la dramática caída de la economía mexicana.

Por otra parte, los gobernadores tampoco han sido eficientes en castigar la corrupción y han aprovechado esta crisis para “llevar agua a su molino”, dejando en claro que, en nuestro país, la política no es aquella que busca generar acuerdos para el beneficio de todos, sino la manera más fácil de dividir en aras de buscar el aplauso, aún si en ello se actúa en perjuicio de los mexicanos.

¿Cuántos corruptos que se enriquecieron a costa de la salud del pueblo veremos en la cárcel en este sexenio? Hagan sus apuestas.

Por Alfonso García Sevilla

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