¿HASTA DONDE LAS MEDIDAS?

Demos un vistazo a lo que el lunes 16 de marzo reportó la Organización Mundial de la Salud a las 10 am, el número de casos positivos globales por el coronavirus causante de COVID-19 alcanzó los 167 mil 511, después de que se informara de 13 mil 903 nuevas infecciones, mientras que las muertes se elevan a seis mil 606, de las que 862 se registraron en esas últimas 24 horas.

Italia, con 23 mil 073 (dos mil 470 más que en la jornada anterior), seguido de Irán, con 14 mil 991 casos (mil 053 más) y España, que superó los contagios de Corea del Sur y registró ocho mil 744, rondando el millar de nuevos infectados diarios.

En América, ayer por la mañana se contabilizaban 4,538 casos confirmados y 73 muertos, de los cuales México reportó 53 contagiados y todavía cero muertes, ya para el reporte nocturno aumentó la cifra a 82 contagiados más 171 casos sospechosos, sin embargo, en el país situado en nuestra frontera norte apuntan 3,503 casos positivos con 65 decesos.

Sin embargo, ni toda esta numeralia, ni las medidas anunciadas por diversos Gobiernos Estatales como Jalisco, Yucatán y  otros, así como el  Federal respecto al aislamiento social que debemos guardar ante el COVID-19 han provocado el sentimiento de responsabilidad social que necesitamos en estos momentos, por diversa información publicada en diversos medios de comunicación sabemos que bastantes destinos turísticos se encuentran al 90 por ciento de la capacidad hotelera, como en Acapulco, o de que en Mazatlán se lleva a cabo un concurso de bikini con gran afluencia, ya se dio cuenta de que en Tequila la plaza principal desborda de personas, en la Ciudad de México, pese a las advertencias, se desarrolló este fin de semana un mega concierto denominado Vive Latino el cual congregó a más de 80 mil personas, hemos visto imágenes de los Aeropuertos de nuestro país llenos y recibiendo o enviando un sinfín de pasajeros y así la lista continua tan larga como la ausencia de conciencia de muchos de nosotros.

Es claro con estos botones de muestra que hasta el momento muchos, muchos ciudadanos no están conscientes del peligro en el que nos ponen, por lo que de continuar este mundialmente conocido valemadrismo mexicano, algunas voces empezarán a pedirle a la autoridad que dentro del marco jurídico aplique lo que previene nuestra legislación en situaciones de esta naturaleza, como iniciar el proceso que señala el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su respectiva Ley Reglamentaria y decretar el estado de excepción.

Pero ¿qué es el estado de excepción? El estado de excepción es un recurso jurídico que, previo a la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, le confiere al Titular del Ejecutivo Federal la facultad de restringir o suspender ciertos derechos humanos que gozamos y que reconoce en el Artículo 1o. nuestra Carta Magna “cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Ya el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que se podrá invocar cuando converjan casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, que deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona, buscando hacer frente, rápida y fácilmente a la situación excepcional.

Por la importancia que reviste el tema de los derechos humanos es menester señalar que este arábigo tiene su propia Ley Reglamentaria en materia de suspensión de derechos humanos, donde entre otras cuestiones procedimentales, establece las condiciones previas a la suspensión o restricción de derechos fundamentales, entre ellas las mencionadas en su Artículo 13, que en la parte conducente apunta la consideración del presidente de la República de solicitar la suspensión o restricción de esos derechos cuando se actualicen algunos de los siguientes supuestos, de modo generalizado en el país o en una localidad específica, de conformidad a los siguientes supuestos:

a) Una alteración grave al orden público que impida a los ciudadanos ejercer su derecho a la salud, o a la educación;

b) La limitación, independientemente de su hecho generador, del libre ejercicio de los derechos y libertades de los habitantes del país;

c) El impedimento del normal funcionamiento de las instituciones democráticas;

d) El de la limitación de los servicios públicos indispensables para el normal funcionamiento de la sociedad;

Las preguntas claves para invocar el artículo 29 aludido serían: ¿Nosotros como sociedad hemos actuado con responsabilidad ante las indicaciones de las autoridades? ¿Han resultado suficientes y eficaces las medidas actuales para evitar la propagación de la pandemia? Si la respuesta es no, pues bien valdría la pena que se estudiara con seriedad esta posibilidad legal para coadyuvar con nuestro Sistema de Salud, que como hemos visto en otras experiencias internacionales se colapsa debido a la multiplicación del número de casos que se atenderían al mismo tiempo.

Con el cúmulo de información con la que contamos es fácil identificar que un riesgo igual o más peligroso que el propio contagio es el colapso que sufriría el Sistema de Salud mexicano, ya que no existen ni los médicos, ni las enfermeras, ni los tests, ni las camas suficientes, ni los respiradores para atender a una población que se volcaría en masa en busca de atención médica.

Es de sentido común afirmar que al llegar los síntomas del virus a nuestros cuerpos vayamos a los hospitales en busca de ayuda médica, ¿en qué número acudiremos? ¿esos hospitales estarán preparados con todos los recursos para recibir a todos los pacientes que se presenten? ¿qué hará la población cuando las clínicas se vean rebasadas por la cantidad de contagiados?  ¿habrá una alteración grave al orden público que impida a los ciudadanos ejercer su derecho a la salud, como lo apunta la Ley Reglamentaria antes exhibida? ¿Pasará lo que está haciendo Italia de rechazar enfermos por insuficiencia de recursos? Llegado el momento, ¿se ocultará la realidad o responsablemente se tomarán decisiones drásticas?

¿Quién podría determinar la existencia de todos los recursos necesarios para afrontar el brote? Quizá lo lógico sea que las propias asociaciones de médicos que con mayor conocimiento de cómo opera dicho sistema los que propongan o no a las autoridades correspondientes la aplicación de medidas extremas. ¿Qué otro sector conoce más sobre el inventario de los insumos necesarios para parar el contagio?

Hablando de este estado de excepción ¿Será una medida exagerada? ¿Correspondería esta acción al problema de salud que vivimos? ¿Qué implicaciones sociales, económicas y políticas tendría su aplicación o inaplicación?

He aquí algunas de las medidas que se han suscitado en varias partes de México y el mundo: Trump suspendió los vuelos a y de Europa a Estados Unidos, Pedro Sánchez declara en España por 15 días el “estado de alarma”, Martín Vizcarra en Perú también; Colombia, Argentina y el propio Perú restringen el ingreso de todos los extranjeros para contener el coronavirus. La Unión Europea cerrará sus fronteras durante 30 días ante avance del COVID-19, luego de celebrar una cumbre extraordinaria por videoconferencia, los líderes del G-7 prometen dar una «respuesta contundente» para evitar el avance del virus.

Por lo pronto en Jalisco al día de hoy el Gobierno estatal, en coordinación con todas las cúpulas empresariales, aumenta las medidas que atinadamente ha venido implementando en estos días y que puntualmente mencioné en mi entrega anterior, presentando un Plan de apoyo para familias con requerimientos de atención de menores por suspensión de clases, durante el período especial del COVID-19, mismo que abarca a empresas, entidades de gobierno, organismos, emprendedoras y personas que trabajan por su cuenta.

Hablar del estado de excepción en enero de 2020 hubiera sido descabellado, sin embargo, hasta ahora no he escuchado ningún reclamo de defensores de derechos humanos en ninguna parte del mundo donde se ha aplicado.

Ahora bien, dado el caso y actualizándose los supuestos constitucionales, en México ¿quién se atrevería a oponerse?

No cabe duda que la ciencia de gobernar pasa por la toma de decisiones que deben sacrificar popularidad por eficiencia con el objetivo de salvaguardar uno de los tres elementos esenciales del gobierno: la población.

Por mi parte no tengo claro cuántos contagiados o muertos se necesitan para que ésta u otras medidas no se consideren drásticas o exageradas, ¿usted?

Por Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza

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