CRIMINALIZACIÓN Y DEUDA HISTÓRICA

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en contra del proyecto que obliga al Congreso de Veracruz a modificar su Código Penal local, con el fin de despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, lo que ha inundado las redes sociales y la opinión pública de comentarios, algunos subidos de tono, en contra de esta resolución.

Esto solo es un reflejo de la polarización que se vive en torno al aborto y la criminalización de las mujeres que lo practiquen y los extremos entre cárcel y la libertad de decidir sobre su cuerpo, en un país donde pesan más los dogmas y los juicios de valor que las circunstancias de vida adversas que la sociedad le ha impuesto a sus féminas.

La realidad es contundente, en el país el 30 por ciento de los hogares son encabezados por una mujer, según refiere el Inegi, 44 por ciento de las mexicanas han padecido violencia de pareja, 10 por ciento de las que tienen 15 años o más han sido víctimas de algún acto de violencia por parte de un integrante de su familia, el nivel de violencia doméstica es del 66 por ciento y los feminicidios rondan nueve diarios. Cabe señalar que en todos estos casos la impunidad ronda el 96 por ciento al no castigarse la gran mayoría de los casos, mismos que no se denuncian por temor a la doble victimización, que es la que hacen las autoridades en el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima (ya sea de malos tratos o violencia de género, secuestros, abusos sexuales, etc) a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido: jueces, policías o abogados entre muchos otros.

Además, México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su gran mayoría fueron producto de violación o violencia. Ni que decir del alto número de hombres que no reconocen a los hijos y no aportan recursos para su manutención.

A pesar de la deuda histórica que México tiene con sus mujeres, ¿Tenemos el derecho a ser inquisidores por un aborto cuando hemos sido incapaces de brindar a la mujer las condiciones necesarias para llevar una vida libre de violencia y con amplios accesos a las mismas condiciones de los hombres? Definitivamente, ante los contextos tan complicados, se debe dar la libertad de decidir cuándo se caiga en los supuestos mencionados y no condenarlas ni satanizarlas; y a nuestros políticos exigirles que mejor se pongan a trabajar para revertir esta penosa realidad que viven y encausar esos esfuerzos en reeducar a la sociedad, tarea difícil pero impostergable …

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