¿AUTÓNOMOS?

Los órganos autónomos fueron creados a partir de la década de los 90 ante la perdida de legitimidad de las instituciones del Estado, basta recordar que el aquel entonces Instituto Federal Electoral (IFE) nace después de la controvertida “caída del sistema” de la elección de 1988, donde los comicios eran sancionados por la Secretaría de Gobernación, en ese entonces dirigida por Manuel Barttlet Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que le dio el triunfo al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, sobre el aspirante del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, en lo que se refiere a uno de los procesos más desaseados y oscuros de la historia contemporánea del país.
Posteriormente surgió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya misión es la de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los Derechos Humanos, ante las quejas de presuntas violaciones a los estos, así como conocer e investigar presuntas violaciones a los Derechos Humanos, por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal.


Y así sucesivamente se han ido creando organismos autónomos, especializados que garanticen las funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Cabe señalar que, en los años recientes, se ha perdido autonomía y hoy el presidente López Obrador busca desaparecerlos, debido a que, según él “Son muchísimos, la gente ni siquiera sabe que existen porque nunca hicieron nada en favor del pueblo, pero mantener todos estos organismos cuesta mucho y es dinero del presupuesto, dinero del pueblo, y lo que buscamos es que el dinero del presupuesto le llegue al pueblo”.


Aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros consumen mucho presupuesto.

Cierto, los organismos autónomos dejaron de serlo cuando están a merced de otros poderes, me explico, su conformación pasa por el Congreso Federal (y los congresos locales en los estados) mismos que en los últimos años los han tomado como un botín para reparto de “cuotas a cuates”, son conformados por los intereses de los partidos políticos y obviamente los comisionados, consejeros, presidentes y autoridades de estos, están sujetos a lo que les ordenen los que les dieron la chamba, que por cierto es muy bien remunerada (Rosario Piedra de la CNDH, mejor ejemplo)

Asimismo, su presupuesto anual depende aun del proyecto que el ejecutivo envíe al congreso para su aprobación, por lo que en la realidad NO se garantiza su “autonomía”.

No estoy de acuerdo con desaparecerlos, pero sí con una reforma que realmente garantice su autonomía y haga eficiente su funcionamiento, que sean contrapesos reales ante los abusos y omisiones de los poderes del Estado y que en realidad su conformación no pase por los partidos representados en los congresos. En el escenario actual de políticos con hambre de poder absoluta faltan mecanismos que representen y cuiden al ciudadano desde el enfoque libre de personas comprometidas con la sociedad.

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