El Pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Vivienda para que el Gobierno Federal, a través de acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos estatales y municipales, transfiera recursos económicos que complementen la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
También se estableció buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a dicho sector de la población.
En las adecuaciones se establece el fomento de esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, pero de preferencia los que se encuentren en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, así como a los productores sociales.
Se indica que los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población bajo las citadas condiciones, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Vivienda, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes.
Por ello, el sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Con el fin de fortalecer la capacidad de pago de esta población, se acordó que los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
Además, el Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado –se insiste- a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Asimismo, las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en dichas circunstancias, el acceso a una vivienda digna, conforme a las disposiciones y reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior también tendrá como fin apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquellos de autoproducción, autoconstrucción, mejoramiento de vivienda y la entrega de paquetes de materiales a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 72 votos en favor, 48 en contra y dos abstenciones. Fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.